El riesgo de desastres en Medellín no puede entenderse como una serie de eventos dictados por factores naturales, sino como la consecuencia directa de una planeación urbana que ha priorizado la segregación durante años. Esta es una de las conclusiones del informe del Observatorio del Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Riesgo de desastres: un llamado al trabajo inmediato, conjunto y sostenido. El documento subraya que, si bien la ciudad se enfrenta a múltiples amenazas —incluyendo riesgos hídricos, sísmicos, el cambio climático y la presión de grupos ilegales en la periferia—, la respuesta histórica de las autoridades ha generado una visión desarticulada del riesgo y de la gestión territorial, equiparándola, en esencia, a la gestión de desastres. La investigación recalca que esta desigualdad estructural y la desarticulación acumulada han dejado un saldo trágico que supera las mil vidas perdidas en los últimos 98 años.

Deslizamiento en el barrio Villatina, Comuna 8, mayo de 2025, 70 familias evacuadas. Foto cortesía Alcaldía de Medellín.

Históricamente, el riesgo en Medellín se ha alimentado de decisiones urbanísticas y las lógicas económicas que han determinado la segregación físico-espacial, así lo evidencia el análisis del Observatorio del Hábitat. La investigación señala que el riesgo no es un suceso accidental, sino un proceso predecible. En ese sentido, la vulnerabilidad de Medellín no proviene de factores determinados por la naturaleza, sino que es la manifestación de un proceso socialmente construido, tal como lo define la Ley 1523 de 2012. Esto implica que la gestión del riesgo debe mirarse desde un componente adicional: la gestión territorial.

El 30% de las personas de Medellín habitan en zonas (polígono de tratamiento) donde está presente, en nivel alto o muy alto, una de las amenazas de origen natural: inundación, avenidas torrenciales (crecidas repentinas del nivel de agua de ríos y quebradas producto de fuertes lluvias) o movimiento en masa, varias de ellas o todas, describe el documento.

La directora de la Escuela del Hábitat, Elizabeth Arboleda Guzmán, señala que la diferencia crucial entre gestión del riesgo desde una mirada territorial ha marcado la política pública en la ciudad, reduciendo la gestión del riesgo a un “cuidado paliativo”.

"Si la gestión de riesgo no es gestión territorial, es una gestión del desastre. Debemos preguntarnos ¿Medellín para qué se ha preparado? La gestión del riesgo se convierte en gestión del desastre cuando no se hace gestión del territorio, la cual abarca todas esas relaciones del mercado, del poder y entre las personas. Esta perspectiva exige que la gestión del riesgo de desastres sea, ante todo, gestión territorial, que aborde las causas estructurales y la segregación”, señala la antropóloga, Magíster en Hábitat y doctora en Geografía.

Desde esa perspectiva, el riesgo se "alimenta" de las grandes decisiones urbanísticas de las administraciones que determinan las segregaciones físico-espaciales, legales y económicas. El problema de los eventos desastrosos es, en última instancia, la concreción de las decisiones de la planeación y el desarrollo territorial, según la investigación.

Esta situación se refleja en las cifras entregadas en el informe: “la curva acumulada de fatalidades por deslizamientos en Medellín sigue en ascenso, sumando 1.005 vidas perdidas desde el año 1927”. El reporte incluye la proyección de la tragedia ocurrida en Granizal en el 2025 (30 fatalidades estimadas), la metodología de incluir la proyección de una tragedia futura en un inventario de desastres ya ocurridos es una herramienta de análisis y de advertencia que prueba de la inercia en la gestión del riesgo. Los investigadores buscan demostrar que las políticas de planeación y prevención no han logrado cambiar la trayectoria de la tragedia, sino que el desastre futuro es una consecuencia asumida e inevitable de las fallas actuales y la ausencia de la gestión de la vulnerabilidad.

El riesgo, un laberinto de factores

De acuerdo con el informe, el riesgo que enfrenta Medellín es un entramado complejo de factores, cimentado en la propia geografía del Valle de Aburrá. La región es intrínsecamente propensa a deslizamientos debido a su topografía montañosa, la presencia de quebradas y depósitos de agua y la susceptibilidad de sus terrenos.

Esta base natural de inestabilidad se ve drásticamente amplificada por el impacto climático: fenómenos como La Niña provocan prolongadas temporadas de lluvias intensas que saturan los suelos y las cuencas del río Medellín, siendo la precipitación un detonante clave de los movimientos en masa y las inundaciones. La situación se agrava por el cambio climático global, que intensifica estos peligros naturales y se proyecta como un riesgo.

El 25% del territorio de Medellín está en riesgo por el cambio climático. En la ciudad, los grupos ilegales dominan la construcción y venta de terrenos en áreas periféricas, relata la investigación. Estas razones evidencian de manera más abierta por qué es necesaria la gestión del riesgo de desastre desde una mirada territorial, expone el informe.

El análisis señala que el factor humano es el que realmente convierte la amenaza en desastre, actuando como el principal multiplicador del riesgo a través del desorden urbanístico y el desarrollo indiscriminado de viviendas sin un adecuado ordenamiento territorial.

Las partes altas de las laderas sufren una particular afectación por las ocupaciones informales, donde las construcciones a menudo carecen de control técnico, promoviendo o detonando la inestabilidad del terreno. Esta vulnerabilidad es exacerbada por la desigualdad social, la gobernanza débil y la presencia de grupos ilegales, que actúan como loteadores en los barrios periféricos. Además, la deficiencia en infraestructura, como los sistemas de drenaje y alcantarillado inadecuados, contribuye de forma crítica al saturar el suelo y acelerar la erosión, completando un ciclo vicioso de fragilidad socialmente construida.

Geografía de una perpetua exclusión

El aporte metodológico del Observatorio en este informe prueba que la segregación es producto de la planeación. Al cruzar variables como las amenazas geológicas con los tratamientos urbanísticos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), no solo se diagnostica dónde está el riesgo, sino que se expone cómo la asignación de tratamientos urbanísticos desvaloriza sistemáticamente el suelo y las propiedades en las zonas más vulnerables, generando exclusión socioespacial y reproduciendo la desigualdad.

Según el documento, estas estrategias restrictivas de ordenamiento territorial implementadas en las últimas dos décadas en Medellín han fracasado, debido a que las políticas que prohíben la ocupación de laderas, (aunque diseñadas pensando en la seguridad de los habitantes de la ciudad), no han detenido el crecimiento urbano en estas zonas de amenaza. Contrario a esto, estos lugares siguieron expandiéndose pero sin control institucional, perpetuando así la exclusión socioespacial.

“Aunque la causa es la ocupación inadecuada, nos han vendido que esto es culpa de las poblaciones vulnerables, pero no es cierto, la gente lo hace porque le toca”, explica la docente Elizabeth Arboleda, quien agrega que el patrón de desigualdad socioespacial es claro y medible en el mapa de Medellín.

Los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Altavista y Santa Elena, además de zonas como El Poblado y sectores de San Javier y Manrique presentan una alta amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. En amenaza media se encuentran sectores como Belén, Guayabal, La América, Robledo, La Candelaria, Aranjuez, Doce de Octubre, Castilla, Santa Cruz, Popular, Villa Hermosa, entre otros, detalla el informe.

“Las zonas de amenaza alta se ubican especialmente en los bordes urbano-rurales, donde se asienta la población con mayores fragilidades. La única excepción es la parte suroriental (El Poblado), donde reside la población con menor vulnerabilidad, lo que refuerza la tesis de que el riesgo sigue el patrón de la segregación”.

La doctora Arboleda señala que esta segregación se institucionaliza a través de herramientas de planificación como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Complementa, que, la asignación de tratamientos a las laderas termina por devaluar el patrimonio de los habitantes menos favorecidos, obstaculizando su desarrollo económico y perpetuando su vulnerabilidad.

Alrededor del 74% de las pérdidas por desastres asociados a amenazas de origen natural en Medellín son causadas por deslizamientos de tierra debido a los procesos de ocupación informal en laderas propensas a deslizamientos, señala el informe del Observatorio del Hábitat.

Estos datos evidencian que la vulnerabilidad es factor clave para la gestión del riesgo, manifiesta el docente Hernán Eduardo Martínez Carvajal, miembro del grupo de Investigación Geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, quién contribuyó con la construcción del informe.

“La clave metodológica reside en trascender la medición de la vulnerabilidad física (la estabilidad del terreno o las construcciones), que es la más sencilla. La prioridad debe ser la cuantificación de la vulnerabilidad social y económica, ya que este factor es el que realmente define la capacidad de resistencia, adaptación y recuperación de las comunidades segregadas que habitan las zonas de mayor amenaza”.

De otro lado, el profesor del Departamento de Geociencias y Medioambiente de la Facultad de Minas y doctor en Ingeniería con énfasis en Recursos Hidráulicos, Edier Aristizábal Giraldo, explica cuál es el efecto adverso de la inacción institucional y administrativa en estas zonas.

"Desde la norma siempre se ha reducido y, en algunos casos, prohibido intervenir estas zonas para no incentivar la ocupación. Sin embargo, lo que vemos es que estas zonas se siguen ocupando, las que ya están ocupadas se siguen densificando, creciendo en altura y reduciendo los espacios. Precisamente esa no intervención es lo que ha propiciado que en muchos de estos sectores esa condición de riesgo se mantenga o sea mucho más crítica", expone el especialista en Gestión del Riesgo y Desastres por Eventos Climáticos e Ingeniero Geólogo.

Según la directora del Observatorio de Hábitat de la UNAL, el verdadero motor de la ocupación inadecuada es una lógica de mercado agresiva que opera en el Distrito de Medellín en dos vías.

“La primera, es la falla de la vivienda social. La política de Vivienda de Interés Social (VIS) es capturada por la clase media y alta para inversión, no para reasentar a las poblaciones en alto riesgo, burlando el objetivo social del subsidio. Y la segunda, es el efecto dominó por la turistificación. El auge de la vivienda de lujo y para extranjeros está encareciendo los arriendos, generando un "efecto dominó" que desplaza a la clase media alta y a su vez a la clase media, empujando a la población vulnerable a las laderas y expandiendo el riesgo en la periferia”.

Gestión del riesgo no es atención de emergencias

El informe documenta una preocupación por la aparente confusión entre la gestión del riesgo y la mera atención de la emergencia. Para ejemplificarlo, hace referencia al SIATA (Sistema de Alerta Temprana) creado en 2010 y que ha recibido más de $170.000 millones de pesos hasta 2024. El documento enfatiza y critica la falta de consolidación del conocimiento académico para la gestión integral del SIATA, señalando que su enfoque se centra más en la hidroclimatología que en la interacción geológica y social. Además, expone que se observaron brechas en la ejecución presupuestal y administrativa en el año 2024.

Al respecto, la académica agrega que, la inversión pública del riesgo no ataca las causas de fondo, sino que se centra en lo visible. “La autoridad local prioriza carros de bomberos, muros de gaviones y la cuantificación de emergencias que atendieron”. Para la profesora, uno de los principales hallazgos es que Medellín ha renunciado a la gestión territorial para adoptar una postura pasiva, concentrada en la reacción. La inercia en la gestión se refleja en el manejo administrativo de los desastres cotidianos. 

Al respecto, el informe relata que, “el costo de la inacción es también un dato fiscal. El derrumbe en el barrio El Socorro en 2008, por ejemplo, le costó al Distrito $3.500 millones en indemnizaciones, un gasto directo atribuible a la falta de prevención”.

El llamado urgente a repensar la ciudad

El Observatorio del Hábitat de la UNAL Sede Medellín hace un llamado urgente a transformar el paradigma de la planeación y la relación con el territorio. Una invitación a la movilización, a la integración del conocimiento y a la aplicación de un principio de equidad y solidaridad territorial en la revisión del POT actual y los futuros.

El profesor y doctor en Ingeniería Edier Aristizábal insta a un cambio de paradigma. El geólogo recuerda que el riesgo nunca es cero, por lo que la sociedad debe discutir la aceptabilidad del riesgo.

“La tarea, sin embargo, comienza por reconocer que las tragedias del Valle de Aburrá, con más de mil muertos históricos, no son accidentes del destino, sino la falla crónica de la planeación segregadora. Tenemos que repensar ese concepto (de riesgo) en términos de que somos una sociedad que está ocupando unas laderas, pero en lugar de satanizar esa ocupación y hacer que estas comunidades sean cada vez más vulnerables, debemos entender cómo hacer una buena gestión en estas zonas".

En ese sentido, el profesor Hernán Martínez destaca que la gestión del riesgo se ha basado en "buenas intenciones" sin un rigor técnico que permita medir el componente social del riesgo, fundamental en este contexto. “Si no se cuantifica la vulnerabilidad, la ciudad no romperá la inercia y el resultado será la ausencia de mejoras tangibles y la repetición de los mismos errores cada 5 o 10 años”.

Para ello, según Martínez, se debe incorporar un trabajo asociado a la cuantificación de la vulnerabilidad de las personas, de las comunidades, dentro de los estudios para los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o documentos de gestión de riesgo.

“Este cambio de enfoque implica pasar de una evaluación meramente cualitativa a una cuantitativa para obtener resultados, no solamente buenas intenciones. Para lograrlo, la medición debe trascender la geología, enfocándose en la vulnerabilidad social, lo que requiere cuantificar tres componentes clave: la vulnerabilidad estructural, analizando la resistencia y las condiciones técnicas de las viviendas; la vulnerabilidad social y demográfica, midiendo factores como la cantidad de ancianos o niños en riesgo y su "madurez" para enfrentar la amenaza, y las dinámicas de ocupación, estudiando los patrones de movilidad temporal (de día o de noche) y la evolución de los asentamientos para predecir a dónde van a llegar las personas el próximo año y los próximos 5 años".

Por su parte, para Arboleda Guzmán, una de las soluciones podría ser la construcción de vivienda de interés social en distintas zonas para reasentar a la población vulnerable sin que haya una segregación marcada. Sin embargo, la propuesta de fondo debe atravesar una transformación cultural y política que se enfoque en la equidad y la solidaridad territorial.

El informe Riesgo de desastres: un llamado al trabajo inmediato, conjunto y sostenido, que fue presentado en octubre de 2025, actualmente está en etapa de socialización y discusión con distintos actores y sectores sociales del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

(FIN/JRDP)

19 de noviembre de 2025