La migración de personas venezolanas en Medellín ha representado, para las autoridades y la ciudadanía, una serie de retos, principalmente, la necesidad de adaptar los programas sociales para la atención a la población migrante, además de la articulación de esfuerzos interinstitucionales que permitan garantizar la atención primaria y la protección de los derechos humanos en su llegada a la ciudad.

Durante el Conversatorio La Migración Venezolana en Medellín, Retos, Oportunidades y Alianzas, liderado por el Grupo de Investigación Procesos Políticos, Desigualdades y Nuevas Ciudadanías y el semillero Política Social, Desigualdades y Movilidades, profesionales y responsables de procesos de atención a la población migrante en calidad de refugiada, deportada o migrante irregular compartieron sus experiencias y avances sobre el tema.

Durante este espacio, coordinado por las docentes Lirio Gutiérrez y Elena Butti, los asistentes pudieron conocer de primera mano los avances de la Secretaría de Inclusión Social en materia de restitución de derechos y acompañamiento que reciben los migrantes para acceder a servicios de salud, empleo, educación, entre ellas Luz Ángela Álvarez, quien desde su experiencia como parte del centro de atención para migrantes Intégrate Medellín, señala que “se ha trabajado por orientar a las personas en su incorporación a las dinámicas de la ciudad y por redireccionarlas a las entidades competentes según sus necesidades”; sin embargo, reconoce que “aún faltan esfuerzos de articulación institucional para que los procesos tengan un mejor trámite”.

Un punto en común, durante este intercambio de experiencias, fue la situación de las mujeres que, según Paula Jiménez, periodista e investigadora independiente, “se llevan la peor parte en las emergencias humanitarias y los flujos migratorios, pues están constantemente expuestas a la explotación sexual, las redes internacionales de tráfico y las violencias basadas en género”, una problemática que, además, se agrava en Medellín cuando las mujeres migrantes que ejercen el trabajo sexual son víctimas de estigmatización y revictimización en sus entornos sociales.

Gloria Montoya, funcionaria de la Secretaría de las Mujeres, destacó que se han implementado dos estrategias que han permitido una ruta más eficiente para la recepción de denuncias y la eliminación de barreras de género: “entró en funcionamiento un componente migrante por emergencia social en la línea 123, que permite dar un enfoque más especializado a las situaciones de riesgo y, además, se creó una subcomisión en la Secretaría enfocada a mujeres migrantes que son víctimas de VBG”.

La “feminización de la pobreza” y las dificultades derivadas de los trabajos de cuidado no remunerados también hicieron parte de la conversación, concluyendo que las mujeres que cruzan las fronteras no solo se enfrentan a la falta de oportunidades, también desconocen los procesos de acompañamiento con que cuentan las instituciones e, incluso la ayuda que pueden recibir de sus connacionales.

Según Manuel Castillo, miembro de la Mesa Subregional de Migración Organizada de Venezolanos en Antioquia (MESUMO), “Medellín no solo enfrenta el reto de ser la segunda ciudad que más migrantes recibe en el país, también debe repensar nuevas formas de adaptar sus estrategias ante los cambios en políticas extranjeras de países como Alemania y Estados Unidos, cambios que van a generar deportaciones masivas y un aumento en el número de personas por acompañar en sus procesos de regularización”.

La profesora Lina Oquendo, del Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, quien ha brindado acompañamiento legal a quienes requieren acceder a procesos civiles y derechos básicos, comentó que “aunque los esfuerzos aumentan, también incrementa el número de solicitantes y las trabas del sistema, sin contar con la suspensión de USAID por parte de la actual administración de Estados Unidos que brindaba la mayor parte de la financiación a algunos programas”.

El Consultorio Jurídico, si bien acompaña a quienes lo requieran sin distinción, se ha implementado una estrategia de priorización de los casos que sean competencia de la Corte Constitucional y de entes internacionales, esperando que las decisiones dejen precedentes que sirvan en futuros litigios similares.

Una de las conclusiones del encuentro es la necesidad que en las ciudades se construyan redes de cuidado alrededor de las personas en situaciones irregulares de migración, se priorice la integración de esfuerzos estatales y privados en torno a la emergencia humanitaria y hacer un llamado a los entes territoriales a buscar más alianzas estratégicas que permitan la financiación y la ejecución de sus programas sociales sin depender de un solo colaborador.

(FIN/FCHE)

3 de marzo de 2025