El nuevo modelo de financiación para las instituciones de educación superior públicas en Colombia, propuesto a través de la reforma a la Ley 30, plantea la asignación del 1% del Producto Interno Bruto; la definición de recursos ante nuevas normativas que afecten los presupuestos; la financiación por funciones misionales; la garantía del presupuesto sin condicionamientos sobre su uso y la coherencia entre la reforma que se discute y las modificaciones al Sistema General de Participaciones (que posibilita la financiación de departamentos y municipios). Estos y otros elementos se debatieron en el foro realizado en la UNAL Medellín.

Aunque el proyecto de ley 212 de 2024, que busca un nuevo modelo de financiación para la educación superior en Colombia (a través de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992), fue aprobado por unanimidad en primer debate en la Comisión Sexta del Senado, el país continúa a la espera de que este pase a manos de la plenaria para su análisis y discusión.

Mientras esto ocurre, la Universidad Nacional de Colombia continúa haciendo pedagogía sobre esta propuesta, cumpliendo con el compromiso de la Rectoría que, a través del Plan Global de Desarrollo 2025-2027, propende acciones para que tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general conozcan y resuelvan inquietudes sobre el nuevo modelo de financiación.

Con este propósito se realizó el Foro Reforma a la Ley 30: hacia un nuevo modelo de financiación en la educación superior pública colombiana, que tuvo como panelistas al viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño; la coautora del proyecto de ley y representante a la Cámara, Jennifer Pedraza; el vicerrector General de la UNAL, Andrés Felipe Mora Cortés; la lideresa profesoral y docente de la Universidad de Antioquia, Lina Carrillo; la representante estudiantil de la Sede Orinoquia, Darcy González Cabrera, y el representante estudiantil de posgrado de la Sede Medellín, Ricardo Vergara.

El Foro se concibió en el marco de la estrategia Diálogos UNAL, como un espacio para reflexionar, debatir y construir colectivamente sobre el alcance, los retos y la importancia de esta reforma estructural a la educación, así como para conocer detalles sobre su trámite legislativo y el papel del movimiento universitario en torno a este tema.

“Desde las sedes de la Universidad queremos contribuir a la reflexión crítica de lo que se requiere para mejorar la educación superior en el país con un verdadero enfoque territorial y de reconocimiento de la diversidad (...). Esperamos convocar a la ciudadanía en general a la defensa de la educación superior como un derecho fundamental de todos y todas”, expresó la secretaria de la UNAL Sede Medellín, Doris Gómez Osorio, durante la apertura del evento.

¿En qué consiste la reforma?

“El proyecto de ley representa una oportunidad histórica para transformar el sistema de financiación de la educación superior pública en Colombia. Esta iniciativa busca modificar la Ley 30 de 1992, ajustando los aportes del Estado según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), en lugar del Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando recursos suficientes, constantes y progresivos para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias de los aportes de la nación”, indicó la representante estudiantil de la Sede Orinoquia y moderadora del foro, Darcy González Cabrera.

Adicionalmente, Ricardo Vergara, representante estudiantil de la Sede Medellín enfatizó en que esta propuesta “reconoce la necesidad de cerrar brechas territoriales, fortalecer la calidad educativa, ampliar la cobertura y garantizar la dignificación de la labor docente. Con una proyección de inversión basada en llegar al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), este proyecto no solo atiende una deuda histórica con la educación pública, sino que apuesta por su sostenibilidad y la equidad en el largo plazo”.

El nuevo modelo de financiación además contempla la definición o asignación de recursos ante la llegada de nuevas normativas que afecten los presupuestos; la financiación por funciones o ejes misionales, docencia, investigación y extensión; tener garantía de la asignación de presupuesto sin condicionamientos sobre su uso por parte del gobierno de turno y lograr una coherencia entre el proyecto de ley que se discute y las modificaciones al Sistema General de Participaciones que ahora posibilita la financiación por parte de los  departamentos y los municipios a la universidades, instituciones de educación superior e instituciones universitarias.

Gracias a la propuesta realizada hace tres años por el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la UNAL para avanzar en la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, la Universidad ha tenido un liderazgo importante en el país al respecto. Además ha tenido interlocución constante con el Ministerio de Educación y con distintos congresistas, a través de un ejercicio de pedagogía para entender lo que está allí consignado, por qué es importante y cuáles son los cambios que se plantean.

¿Por qué renovar el modelo de financiación?

De acuerdo con el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, la Ley 30 fijó una metodología de distribución de recursos que reflejaba los intereses económicos del momento, de una sociedad que se abría a la mercantilización de todos los sectores, incluida la educación.

“El desconocimiento de las condiciones del Sistema de Educación Superior de ese momento y la visión de lo que se quería como país llevó a la situación que tenemos hoy: un desfinanciamiento estructural del sistema educativo, un desconocimiento de lo que significa el derecho a la educación superior, porque además cuando tuvimos la oportunidad de declarar la educación superior como un derecho, quedó establecida como un servicio. La propia Ley en el artículo Quinto lo estable, quienes demuestren que tienen las capacidades para acceder lo podrán hacer. Esto generó todo un esquema de segregación y concentración de la educación superior en el país que, en términos financieros, pues nos pone en una deuda acumulada de aproximadamente 19 billones de pesos, que no solamente es financiera, sino una deuda social”.

Según el funcionario, el esquema de acceso a la educación superior está a la fecha con cerca del 64% de la oferta concentrada en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga “y se acabó”. De los 1.200 municipios, solo en 380 hay oferta de educación superior.

“En el anterior modelo educativo se privilegió un esquema que definió financieramente en donde se querían concentrar los recursos y por eso hoy nos vemos enfrentados a esta situación. Esta es tal vez una conclusión de un capítulo de movilizaciones, de demandas al Congreso de la República y a los gobiernos anteriores de generar un esquema de financiamiento de la educación superior que le permita reconocer y cumplir con las condiciones de materialización del derecho a la educación superior que es el acceso, la ampliación de la cobertura y generar las condiciones para el cierre de brechas, la producción e investigación científica, la creación artística y todo lo que sucede en la vida de la educación superior”, agregó Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior.

La coautora del proyecto de ley, Jennifer Pedraza, señaló que si bien la desfinanciación no es el único problema de la educación superior, cuando se busca resolver otro o el resto de problemas, siempre se encuentra la barrera de la desfinanciación.

“Tenemos una deuda histórica fruto de que la base presupuestal de las universidades no ha crecido por 30 años al ritmo que sí han crecido las universidades y sus responsabilidades. Por ejemplo, la UNAL hoy tiene 9 sedes, cuando se expidió la Ley 30 tengo entendido que era solamente la Sede Bogotá. No solamente hay más en número, sino que son sedes en los municipios y departamentos más olvidados de Colombia como Tumaco, Orinoquia, San Andrés, Amazonas, César, entre muchos otros puntos que la Universidad fue construyendo sin dinero suficiente, no solo por el compromiso de la sociedad sino por la presión de otros gobiernos de hacer más con la misma plata”, expresó la representante a la Cámara por Bogotá.

Pese a que esta reforma sólo contempla la financiación de la educación superior pública, para la líder profesoral Lina Carrillo hay que analizarla, además, en términos de justicia social.

“La universidad es la única posibilidad de ascenso social que tienen algunas personas, especialmente en nuestro país. Uno de los principales factores de cambio o transformación social es la educación pública, pero la movilidad social no solo se debe medir en términos de la capacidad adquisitiva de un profesional, sino también de pensarse la vida en otras dimensiones que no sean solamente medidas por el dinero, la forma en que me relaciono, veo, cohabito y habito este mundo con la posibilidad de además transformarlo. La reforma a los artículos 85 y 86, por supuesto, nos tiene que movilizar, pero también es la excusa para pensarnos qué estamos haciendo como universidades, qué modelos de universidades queremos, ¿queremos capitalismo cognitivo o queremos una universidad que se pueda desligar de esas lógicas y confrontar todos estos retos que tenemos al frente y la posibilidad de transformarlo’”.

Por su parte, el vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia, Andrés Felipe Mora, recalcó que es imposible hablar de autonomía universitaria sin una adecuada financiación de la educación superior.

“Esa autonomía universitaria al menos nos permite pensar en la libertad académica y la libertad de cátedra, por ejemplo. Pero hacia afuera nos permite pensar en la posibilidad de tener un sistema de educación superior suficiente para responder tanto a las necesidades del país como a las expectativas variadas que tiene la juventud. Cuando hablamos de autonomía gracias a la financiación tenemos un impacto interno, libertad académica, y un impacto externo, diversidad en los proyectos educativos, de ahí la relevancia, la importancia que tiene este proyecto de ley. Al incluir, además, de manera mucho más digna a las hermanas instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, que son fundamentales dentro de un sistema diverso público de educación superior”. El académico agregó, además, que “es muy importante reivindicar la educación superior como política, también de juventud, con todo lo que esto representa”.

El profesor Mora agregó que los nuevos recursos no son un fin sino un medio para tener autonomía, para cumplir con las funciones misionales, para vincularse orgánicamente con los territorios.

Tras dos meses del primer debate, no se conoce una fecha en que la iniciativa pasará a la plenaria.

Entre tanto, la UNAL continuará con el liderazgo en esta discusión para que se abran las puertas a nuevas discusiones. Próximamente se realizarán más foros de esta naturaleza en Palmira, Bogotá y en algunas de las sedes de presencia nacional que están por definirse.

(FIN/JRDP)

21 de abril de 2025