En Jericó, municipio del Suroeste antioqueño, se ha generado un escenario de movilizaciones y tensión creciente tras la prórroga de la licencia de exploración minera, otorgada hasta diciembre a la multinacional AngloGold Ashanti. Las confrontaciones entre la comunidad y el proyecto Minera de Cobre Quebradona han llevado a la intervención del Gobierno nacional y, ante estas circunstancias, la UNAL Sede Medellín abrió un espacio de diálogo entre diversos actores para lograr una comprensión profunda del problema, desde distintas miradas, para construir propuestas interdisciplinarias que permitan encontrar soluciones a este conflicto socioambiental.

El encuentro "Suroeste, perspectivas, luchas y disputas por su riqueza", convocado por la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, fue la plataforma para que diversas voces –desde el Gobierno Nacional hasta líderes sociales y jóvenes activistas– socializaran las realidades del municipio producto de la actividad minera y la presentación de alternativas y caminos a seguir, entre ellas, las últimas instrucciones entregadas por el Presidente Gustavo Petro para la protección del territorio y el respeto por la protesta social, además de las sugerencias de académicos que han seguido de cerca esta situación.

Contexto del conflicto socioambiental

Hasta diciembre de 2025 se extendió la prórroga de la licencia de explotación minera en Jericó, que la Agencia Nacional de Minería (ANM) otorgó a la multinacional AngloGold Ashanti para su proyecto Minera de Cobre Quebradona. El hecho ha generado polémica en el país, debido a que el actual Gobierno Nacional se comprometió con la población a erradicar la minería en este territorio, actividad económica que se realiza allí desde hace más de una década, pese al rechazo de algunos habitantes de Jericó quienes reclaman la protección de los recursos naturales, principalmente del agua y de la vocación agroecológica del municipio.

Entre las voces de inconformidad se encuentra la del propio presidente Gustavo Petro, quien busca la protección de esta zona a través de la creación de un Distrito Agroecológico del Suroeste. Ante la prórroga, en mayo de 2025, el mandatario entregó la directriz de declarar a Jericó Zona de Reserva Ambiental Temporal y dio la orden de "no exploración minera en Jericó". Adicionalmente, Petro calificó la decisión de la ANM como una acción que contradice su programa de Gobierno, anunciando el retiro de la funcionaria involucrada.

¿Riqueza económica o natural?

En representación del Gobierno Nacional participaron, del conversatorio realizado en la UNAL Medellín, la Consejería Presidencial para las Regiones, el Ministerio de Agricultura, entre otros.

De otro lado, participaron miembros de la Mesa de Unidad y Concertación del Suroeste Antioqueño (MUC), instalada en Jericó, que integra la representación de los 23 municipios de la región en su apuesta de alcanzar la construcción del Distrito Agroecológico.

La consejera para las Regiones de la Presidencia, Luz María Múnera, presentó un documento expedido por el presidente de la República con fecha del 21 de mayo de 2025, en el que detalla una hoja de acción para el Suroeste antioqueño, solicitando a diversos ministerios y entidades estatales la implementación de acciones inmediatas y la agilización de procesos. Múnera señaló la lentitud en la ejecución de algunas de estas directrices.

"En este caso se presenta un agravante más grande y es que este documento para la exploración minera en Jericó está legalmente firmado, hay una comisión analizando cuál es la metodología para devolver esa ampliación, aunque no sabemos todavía cómo hacerlo porque ese funcionario tenía la potestad de hacer ese tipo de cosas", indicó Múnera.

Las directrices presidenciales y la respuesta institucional socializada por la consejera para las Regiones contemplan:

• Al Ministerio de Ambiente, la solicitud de la declaratoria de Jericó como Zona de Reserva Ambiental Temporal. Múnera destacó la urgencia, pues “la ministra de Ambiente tiene que hacerlo ya, no tiene más plazo”.
• El Ministerio de Agricultura debe declarar el municipio como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
• El Ministerio del Interior conformará una mesa interinstitucional, implementará medidas de protección y acompañamiento a las comunidades y emitirá un concepto sobre la viabilidad de una consulta previa que deberá socializar a la Presidencia y a los habitantes del municipio.
• El Ministerio de Defensa tiene el encargo de garantizar la seguridad de los manifestantes y prevenir la intervención de grupos armados en la protesta social.
• La Agencia Nacional de Minería debe presentar un informe sobre visitas técnicas y buscar vías jurídicas para revertir la prórroga otorgada.
• Se solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar en las investigaciones sobre las denuncias realizadas por el movimiento social, además de un informe sobre qué ha hecho al respecto y dar aplicación a las directrices sobre el tratamiento de la protesta social en el marco del conflicto socioambiental.
• Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal deben impulsar medidas de protección para líderes y garantizar el derecho a la protesta social.
• A la Procuraduría General de la Nación se solicitó revisar la actuación de funcionarios involucrados y determinar si deben ser apartados de su cargo.
• A la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) se le solicita rendir informe y hacer seguimiento sobre el estado de los permisos concedidos a la empresa minera, además de alertar sobre la posible existencia de actividades que atenten contra el ambiente.
• Finalmente, “la Alcaldía de Jericó debe hacer cuatro cosas: propiciar espacios locales para el tratamiento del conflicto, mantener activa la convocatoria de información hacia las entidades nacionales, garantizar la independencia de los funcionarios asignados al tema, resaltar el carácter socioambiental del conflicto y otorgar garantías a la propuesta”, recalcó Luz Marina Múnera.

A pesar de estas directrices, la funcionaria reconoció la autonomía de los gobiernos locales y otras entidades estatales, lo que limita la capacidad de obligar su cumplimiento.

Con respecto a los avances del Ministerio de Agricultura sobre este tema, Tatiana López, asesora de esta cartera, comentó que se han estado acompañado los espacios que se han generado desde la institucionalidad sobre lo que ocurre en Jericó.

“Para el Suroeste estamos trabajando en dos sentidos, con el compromiso que el presidente adquirió en 2023 para la reglamentación del Distrito Agroecológico y estamos avanzando en la reglamentación para las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. El Distrito Agroecológico corresponde a esa gobernanza campesina y a esa identificación que se está realizando a través de un decreto que estamos socializando y que está en aprobación en el despacho de la ministra. Ese decreto plantea el paso a paso para que las territorialidades puedan tener ese reconocimiento, así como lo hacen los distritos campesinos, las reservas campesinas, entre otros. La idea es contar con esa reglamentación para el Suroeste de Antioquia”.

La funcionaria del Ministerio de Agricultura agregó que como esa figura responde a la gobernanza campesina, se busca, además, la protección del suelo rural con la identificación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

“Esto lo dividimos en cuatro etapas: identificación, declaratoria, implementación y seguimiento. En Jericó estamos en la primera etapa, que es justo la identificación; muchos conocen la Resolución 377 de 224 que identifica una zona preliminar y una zona de estudio que fue malinterpretada por algunas personas, generando desinformación, a lo que nosotros queremos aclarar que es una zona de referencia indicativa, y no es una zona determinante, que se construyó con información secundaria que posiblemente no está actualizada. Recogimos los 23 municipios del Suroeste de Antioquia, donde el Ministerio de Agricultura identificó la necesidad de tener una APPA para cada municipio; es decir, Jericó tendrá su propia APPA a través de un acto administrativo. Se han priorizado cinco municipios: Fredonia, Venecia, Caramanta, Concordia y Jericó sería el quinto municipio y la idea busca que en el tercer trimestre del año podamos contar con la APPA (…). Es necesario aclarar que las APPA no transgreden la autonomía de los territorios”, indicó Tatiana López, del Ministerio de Agricultura.

Denuncias desde el territorio

Durante el encuentro en la UNAL Medellín, líderes sociales, jóvenes y activistas expusieron una serie de denuncias relacionadas con el uso de la fuerza pública para la represión de la protesta pacífica y la criminalización de la misma, la persecución de quienes hacen parte del movimiento social con la captura de los once campesinos incluidos dos adultos mayores de 85 y 67 años, la presencia de funcionarios de la minera sin identificación, la instalación de maquinaria en horas de la noche sin conocimiento de la comunidad, entre otros.

“En el Suroeste hay muchos conflictos, pero este en particular tiene mucha más relevancia porque se trata de megaminería. Si bien en Amagá se ve minería a escala pequeña, lo que estamos viendo en la propuesta para Jericó, Támesis y Fredonia es la entrada de la megaminería a la zona porque estamos hablando de cinco yacimientos que reconoce AngloGold dentro de la zona. Por eso es que AngloGold Ashanti propuso anteriormente la creación de un Distrito Minero en el Suroeste y en el país no se tiene referente de la megaminería que se propone”, expresó María José, miembro del colectivo Imagina Jericó.

La joven, oriunda de este municipio, señaló que el municipio lleva 17 años conviviendo con el proyecto Minera de Cobre Quebradona, que es el nombre de una vereda.

“El proyecto se roba el nombre incluso de una de nuestras veredas que es Quebradona, lleva 17 años en etapa de exploración, 17 años tocando instituciones, 17 años estigmatizando a la movilización ambiental y demás. En el 2019, la multinacional presentó el estudio de impacto ambiental que se archivó en el 2021. Lo que estamos viviendo me gusta llamarlo como un post archivo de la licencia ambiental, qué pasa en el municipio después de que se archiva la licencia por unos vacíos técnicos grandes e inconsistencias que desestima demasiados riesgos. Estamos hablando de un proyecto de minería subterránea que pretende dejar hundimientos, según ellos controlados, en la parte alta del corregimiento de Palocabildo y en la parte baja del río Cauca, al lado del río, dejar una montaña de desechos tóxicos, lo cual ellos llaman desechos tóxicos secos, incluso desestimaron la sismicidad y la posibilidad de que esta montaña se pueda verter en el río Cauca. Estamos hablando de la parte alta de Hidroituango, lo que pase hacia abajo es algo irreversible”.

María José agregó que desde el 2022 la comunidad viene denunciando el actuar irregular del proyecto para terminar sus estudios técnicos. “No han podido ingresar a las veredas Vallecitos y la Soledad porque la movilización campesina no lo permite, esto ha provocado que la empresa opte por medidas irregulares para acceder a las veredas, lo que ha generado las querellas policivas entre la comunidad y la minera. A estas denuncias se suman el silencio y la inoperancia de la Agencia Nacional de Minería, porque ya se le señalaba el accionar de la multinacional minera y no le ha pasado nada a la multinacional, no está siendo investigada, pero quienes estamos siendo investigados somos nosotros por oponernos a estas irregularidades”, comentó la activista.

Por su parte, la AngloGold Ashanti ha realizado varias denuncias públicas en medios de comunicación acerca de presuntos daños a su propiedad y el bloqueo para la realización de sus actividades.

Posibles soluciones

El profesor de la Universidad de Antioquia y miembro del Cinturón Occidental Ambiental realizó un breve resumen de la situación minera en Antioquia, la movilización social que se opone a la explotación en distintos municipios, como Caramanta, Urrao, Támesis, Andes y Jardín, e incluso el Carmen de Atrato que es cercano a esta subregión, además de denuncias por la tala de bosques, afectaciones a las quebradas, entre otros.

“Un factor importante para que exista el conflicto es que haya actores que lo visibilicen (...). Se están dando titulaciones mineras sin realizar los estudios previos de las condiciones técnicas y científicas y hay una ausencia de la dimensión social del conflicto, siendo este un llamado también a la academia para que aporte con sus análisis y diagnósticos y, en este marco, valorar su resolución, que es el reto más grande que tenemos. En ese sentido, venimos planteando propuestas a nivel regional, como la necesidad de que se conforme una comisión de conflictos socioambientales en la que estén presentes delegados del Gobierno, especialmente del Ministerio de Ambiente, que recojan las denuncias de los municipios del Suroeste porque hay un montón de denuncias que están estancadas para darle trámite y celeridad porque consideramos que es un factor importante para que estas empresas no sigan vulnerando los derechos del campesinado; pero, recordemos también que tenemos al río Cauca”, recalcó Yamid González.

También se ha planteado la ruta de una comisión del Distrito Agroecológico, así como la resolución de protección temporal y las áreas de protección de alimentos.

“En el Sureste hay una resistencia no solo del Gobernador, sino también de un sector empresarial del Suroeste que se ven amenazadas por las APPA, que no tenemos claro si es por la propuesta en sí misma o porque el presidente Petro lo está proponiendo, ahí hay temas de ideología política. También estamos proponiendo una comisión para la declaratoria de patrimonios culturales y ambientales del Suroeste que tiene una alta riqueza de material arqueológico, donde el agua también sea valorada como patrimonio ambiental. Estamos planteando esa reflexión de declarar patrimonios naturales y culturales, los sitios sagrados de los pueblos indígenas que trascienden más allá de sus resguardos y las áreas arqueológicas. Y una cuarta comisión de ordenamiento territorial que involucre una interlocución directa con alcaldías y entes municipales”, explicó el profesor y activista quien comentó que estas propuestas ya están sobre la mesa.

“Para el Gobierno Nacional, el objetivo prioritario es obtener claridad sobre la ampliación de la exploración y la posibilidad de revertir la resolución, así como avanzar en la materialización de las promesas hechas a la comunidad de Jericó. El conflicto en este municipio antioqueño representa un caso donde la acción estatal es requerida para atender las demandas ciudadanas y proteger los territorios”, complementó Luz María Múnera.

La comunidad de Jericó está a la espera de respuestas del Gobierno Nacional ante esta situación y soluciones al conflicto socioambiental que durante años ha dividido al municipio entre quienes están a favor de la explotación minera y quienes la rechazan en búsqueda de la protección de los recursos naturales.

(FIN/JRDP)

16 de junio de 2025