Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), que estarán a cargo de universidades públicas, pasarán a realizar evaluaciones técnicas y prácticas a quienes tramiten la licencia de conducción por primera vez, la renueven o la recategoricen. La medida se estableció a través de una reciente resolución del Ministerio de Transporte, con el propósito de mejorar la seguridad vial. Académicos confían en que, con la implementación, se contribuya con la formación de conductores más hábiles y conscientes de su rol en las vías.

Al 31 de diciembre de 2023, en Colombia había 13.245.175 licencias expedidas, según el RUNT. Foto de Unimedios.

La responsabilidad de las pruebas de conducción era, hasta ahora, de los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), lo cual cambió con la Resolución 20253040037125 del 10 de septiembre de 2025 que tiene el objetivo de reforzar su rigurosidad y estipula las condiciones que deben tener los CALE, que son los nuevos encargados de la realización de los exámenes teóricos y prácticos de conducción requeridos para obtener la licencia de conducción o para recategorizarla.

El examen práctico, de acuerdo con la norma, constará de dos pruebas. Una de destreza individual en pista cerrada y otra en vía pública con un recorrido de, por lo menos, 10 kilómetros, con la cual se evalúan aspectos como conocimiento de la señalización y habilidades para ejecutar giros y cambios de carril.

Los CALE también fijarán los precios de los exámenes, expresados en Unidad de Valor Básico (UVB) que, en 2025, corresponde a 11.552 pesos. Para el examen teórico se fijaron 9,40 UVB y para las pruebas prácticas, entre 36,8 y 77,6.

Teniendo como referencia la licencia B1, la Escuela Vial de Conducción expone en su sitio web un ejemplo para explicar que, según el nuevo esquema, los cobros quedarían así: el curso de conducción costaría entre $1´100.000 y $1’300.000; derechos de impresión, entre $189.000 y $273.900; examen teórico, $108.589, y prueba práctica, entre $512.512 y $582.221. Indica que, “con todo esto el trámite podría alcanzar los $2.380.001. En el caso de las motocicletas, el valor final rondaría por $1’856.807”.

Un cambio para aumentar la rigurosidad

El proceso para obtener la licencia de conducción se ha transformado y ha evolucionado en el país, de acuerdo con Iván Sarmiento Ordosgoitia, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín y director del Grupo de Vías y Transporte, quien recuerda que hace varios años era común que papás, tíos, hermanos u otros familiares enseñaran a conducir y, quienes aprendían, validaban el conocimiento, con lo cual obtenían la licencia. Después, con las escuelas, el método cambió tras determinarse un número de horas de teoría y práctica en los cursos. Las medidas para velar por la transparencia en el proceso, como el uso de la biometría al inicio y fin de las clases, también fueron acogidas, sin embargo, no han sido efectivas.

Es por eso que, para él, la implementación de los CALE es beneficiosa, en tanto que “el Estado tiene sus examinadores independientes de quienes enseñan a conducir, y son pruebas rigurosas y exigentes, donde un mínimo de equivocaciones lleva a perder la prueba y tienen que repetirla cuantas veces sea necesario hasta que la persona apruebe el examen”. Las pruebas serán computarizadas, lo que, a su criterio, hace que el proceso se mantenga independiente y riguroso.

Los CALE

La Resolución, además, reglamenta los requisitos de registro de los CALE en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). En ese sentido, plantea que, para ser reconocidos como tal, deben estar asociados a instituciones de educación superior públicas con cobertura nacional, acreditación institucional de alta calidad y certificaciones internacionales, entre ellas las ISO la 9001, la 14001 y la 45001.

La oferta deberá ser permanente en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima y Valle
del Cauca, mientras que para Guainía, Vaupés y Vichada podrá ser transitoria.

En el caso de que las universidades públicas no estén en la capacidad de garantizar la cobertura suficiente para realizar las pruebas, será el Ministerio de Transporte el que permita a autoridades públicas y entidades privadas registrarse en el RUNT como CALE.

Los CALE podrán tener tres clasificaciones. Los de Clase I podrán realizar pruebas teóricas y prácticas en las categorías A1, A2, B1 y C1. Adicional a esas, los de Clase 2, tendrán la potestad de hacer pruebas para la B2 y C2; y los de Clase III, para cualquiera de las mismas de las clases I y II, y para la B3 y C3.

Seguridad vial

El profesor Sarmiento Ordosgoitia considera la responsabilidad de los CALE en las evaluaciones como un logro y un avance pertinente, teniendo en cuenta los índices de accidentalidad que se dan en el país y que, refiriendo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dice que hace unos cinco años se identificó que, entre el total de los accidentes de tránsito, por lo menos en el 40% de los casos estaban involucrados aprendices o conductores con poca experiencia.

Esa causa se conoce como factores humanos y es una de las tres categorías en las que se clasifican la ocurrencia de los accidentes, siendo la principal la mencionada. Las otras dos son el factor ambiental y el factor vehículo, como lo explica el profesor Víctor Gabriel Valencia Alaix, también del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas de la Sede.

Para él, conducir y aprender a hacerlo no es un asunto sencillo, sino uno con complejidades. Se trata de la combinación de habilidades y destrezas, de ejercer tareas de manera correcta y que trasciende, incluso, al manejo de las emociones y los valores humanos. En esa medida, calificar a una persona para determinar si es apta para conducir no es un asunto sencillo.

“El conductor latinoamericano no es que esté formado para cumplir la norma. Inclusive, puede saber las consecuencias de incumplirla, pero, aun así, se arriesga a hacerlo. Lastimosamente esto no viene solamente con temas de formación, también tiene que venir con temas de control y sanción”, opina Mario Santiago Hernández Arango, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín.

Con esa perspectiva está de acuerdo Valencia Alaix, quien destaca que el actual Plan Nacional de Seguridad Vial tiene en cuenta la accidentalidad y, con la nueva norma, se pretende generar un sistema seguro, por lo que celebra esa posibilidad: “A través de la Resolución es casi como borrón y cuenta nueva para comenzar a hacer las cosas bien”.

Las pruebas y los desafíos asociados

Según Sarmiento Ordosgotia, en 2022 hubo acercamientos al sistema de evaluación con CALE con la implementación de un proyecto piloto impulsado por la ASNV y desarrollado en La UNAL Bogotá, donde se hacía la evaluación. Se empleaban cámaras y sensores en el vehículo, fuera carro o moto, en el que se realizaba la prueba, así como en la pista para simular varias situaciones y evaluar las decisiones y formas de manejo de los conductores. De acuerdo con el docente, esto debía extenderse a otras regiones, pero no se hizo así y desde hace tres años no está en funcionamiento.

Para él, sería pertinente generar alianzas público-privadas con el fin de que las universidades desarrollen las pruebas en lotes externos y no en sus propios campus. Por su parte, al profesor Valencia Alaix le ocupa la manera en que se seleccionan los temas para el examen, las preguntas y el número de ellas y cuestiona si es suficiente para poner a prueba el conocimiento y las habilidades de los conductores, pues el examen teórico consiste en superar 40 interrogantes.

Espaldarazo a la generación del conocimiento y a la parcialidad de las universidades

El docente Hernández Arango llama la atención acerca de que las escuelas han recaído en enseñar la teoría, “pero ya cuando los aprendices salen a rodar, como se dice, o a enfrontarse solos a todos esos agentes viales, las escuelas hasta ahí llegan. De ahí que no tienen control ni les importa qué pueda pasar con esos conductores. Cuando la evaluación no llega a una escuela privada, sino a una universidad, el contexto es muy diferente”.

El hecho de que las universidades estén encargadas de los exámenes permite que los efectos de la estrategia se puedan medir y gestionar de manera más sencilla y efectiva. Es por eso que este sistema se acerca más a los modelos internacionales exitosos y, antes de suponer, hay que esperar para analizar cómo evoluciona la implementación de los CALE en Colombia.

(FIN/KGG)

10 de noviembre de 2025